El aborto: Lo justo es que sea libre

1 CAMINOS DE PARTIDA EN EL ACTIVISMO

2 Sueño con que lo que hoy llamamos derechos deje de ser un privilegio

Mi acercamiento al aborto comenzó en la universidad, al mismo tiempo que mi interés por el tema de la violencia de género. Me vinculé desde mis alianzas políticas, mi identidad y mi comprensión del feminismo. Entendí la importancia de la autonomía de los cuerpos como territorio de identidad de las mujeres, y cómo los hilos del patriarcado se entrelazan con el capitalismo, el racismo y el colonialismo. Siempre me impactó cómo a nosotras, las mujeres, nos han negado el derecho a decidir, empezando por ocultarnos los conocimientos mínimos sobre nuestros cuerpos, sobre la reproducción, el territorio, y los proyectos de vida. Sueño que aquello que nosotras llamamos derechos deje de ser privilegio.

Este tema atravesó mi cuerpo y el de mis compañeras. En la universidad tuve un embarazo no deseado. Pude acceder a un aborto feminista acompañado porque era feminista, porque estaba en el movimiento. Sé que para mí fue posible, pero también sé que para muchas otras mujeres es mucho más difícil: mujeres empobrecidas, sin acceso a información, sin redes de apoyo, sin recursos sociales ni culturales. Ahí, con mis compañeras, empezamos a pensar en la urgencia de generar alternativas y propuestas políticas que permitieran a toda mujer y persona gestante tomar sus decisiones de manera acompañada y segura.

En mi caso, el aborto fue una opción entre varias. Como estudiante de una universidad privada, con el apoyo de mis padres, pude decidir. Si hubiera optado por tener ese hijo, no habría estado sola; habría tenido respaldo incluso económico. Pero no todas tienen esas posibilidades. Para algunas mujeres, el aborto es la única salida frente a la vida que tienen, y por eso debería poder hacerse en condiciones dignas.

El feminismo me enseñó a pensarnos juntas, a entender que no solo se trata de transformar lo macro como si lo malo estuviera siempre fuera, sino de cuestionar nuestras propias prácticas. Así empecé a reconocerme en un lugar colectivo: éramos estudiantes, feministas, de izquierda, pensando en las desigualdades de poder que trae este mundo capitalista, racista y colonial.

Hacia 2005 me vinculé con la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género (CPJ). La primera gran lucha en la que participé fue la defensa de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), cuando intentaban prohibirla acusándola de ser abortiva. El reto fue defenderla sin caer en la trampa de repetir “no es abortiva”, porque el problema nunca fue si lo era o no, sino el derecho a decidir. Posteriormente participé en varios espacios juveniles como el “Acuerdo Nacional por la Constituyente”, conformado en 1998, donde nos activamos con fuerza junto a organizaciones como Salud Mujeres, los jóvenes de El Oro y Mi Cometa en Guayaquil para la incidencia en la constitución del 2008.

Más adelante trabajé en el Ministerio de Salud Pública como asesora en salud sexual y salud reproductiva dentro de la Estrategia Nacional Intersectorial en Prevención del Embarazo en Adolescentes y Planificación Familiar (ENIPLA). También participé en la estrategia de reducción acelerada de la mortalidad materna. Allí impulsamos cambios importantes: la primera guía de práctica clínica de aborto terapéutico, la primera guía de aborto espontáneo, el Reglamento 2490 para garantizar el acceso a anticoncepción y un acuerdo ministerial para evitar las violaciones de derechos humanos en clínicas que ofrecían “tratamientos de adicciones”, que en realidad seguían practicando terapias de deshomosexualización. Fue un trabajo intenso, del que decidí salir por las diferencias con las líneas políticas del gobierno.

3 LA LUCHA POR EL ABORTO

4 La línea de información de aborto: una iniciativa ecuatoriana

En 2008, desde la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, impulsamos la primera línea de información sobre aborto seguro en Ecuador, Salud Mujeres. Fue también la primera línea en Latinoamérica y el Caribe. Luego decidimos llevar esta experiencia a la región: compartimos aprendizajes con las compañeras en Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela, fortaleciendo así un movimiento regional. Contamos con el apoyo de “Women on Waves”, especialmente de Rebeca Wompers, Susan Davis y varias compañeras holandesas que ya habían promovido estas iniciativas en Portugal y otros países europeos. Incluso existe una película, Vessel, que documenta el lanzamiento de la línea en Ecuador. Fue un proceso lleno de esperanza, fuerza y resistencia.

A partir de esa experiencia, varias compañeras viajaron a Chile, Argentina, Bolivia, Perú y a Venezuela para formar otras líneas y latinoamericanizar este proceso. Intentamos construir una plataforma regional de líneas de aborto, que finalmente no llegó a consolidarse, pero logramos mantener comunicación, intercambiar información y tejer aprendizajes conjuntos entre los distintos grupos.

En Ecuador hicimos tres lanzamientos públicos de la línea de aborto seguro. El primero fue en Quito, con una acción simbólica que usó la imagen de la Virgen. Nos preguntamos qué queríamos transmitir y entendimos que el tema religioso era crucial. Decidimos resignificarlo: el ángel Gabriel le preguntó a la Virgen si quería o no ser madre y ella aceptó. Fue su decisión. Así lanzamos el mensaje: “hasta la Virgen decidió, nosotras también tenemos derecho a decidir”.

El segundo lanzamiento fue en Guayaquil, junto a compañeras de Salud Mujeres, CEPAM Guayaquil, Mi Cometa y el Acuerdo Nacional por la Constituyente lanzamos la línea desde el faro de Guayaquil. El tercero se realizó en Machala, con el movimiento Mujeres de El Oro y los colectivos juveniles y LGBTIQ+ de esa provincia, desde la municipalidad. Cada lugar tenía su propia fuerza, pero en todos reafirmábamos lo mismo: el derecho a decidir no debía ser un privilegio.

Ese mismo año organizamos un campamento llamado “Esmeraldas tierra de libertad”, reivindicando la historia de resistencia afroecuatoriana: un lugar donde las personas esclavizadas que naufragaron lograron llegar a la orilla y fundar un pueblo libre. Para nosotras era un símbolo de lo que buscábamos: también queríamos libertad.

5 La inserción del aborto en las agendas feministas

En el 2008, durante el proceso de la Constituyente, acompañamos desde la CPJ una discusión clave: el aborto. Fue entonces que se conformó la Coalición por la Despenalización del Aborto en Ecuador, una alianza fuerte y diversa. Nuestro argumento principal fue evidenciar cómo la criminalización del aborto estaba directamente ligada a la pobreza. El aborto se castiga cuando las mujeres y adolescentes son pobres, cuando llegan a un centro de salud sin saber qué decir ni cómo defenderse, terminan criminalizadas. En cambio, cuando una mujer tiene dinero, puede pagar por un aborto seguro en la clandestinidad y ahí no existe persecución penal. Con estos argumentos demostramos que penalizar el aborto es discriminar y penalizar la pobreza.

En esos años dialogamos con organizaciones más grandes y, entre 2012 y 2013, se organizaron encuentros feministas nacionales para definir prioridades del movimiento. En uno de esos espacios se logró insertar el aborto por violación -no aún la eliminación del delito- como una de las veintiocho prioridades del movimiento feminista. Fue un paso importante, aunque para muchas de nosotras siempre quedó corta esa apuesta.

6 Las casas como espacios de reflexión colectiva

Entre el 2003 y 2009 florecieron espacios que se convirtieron en verdaderos refugios políticos y culturales: El Café Feminista, La Libre, la Casa Colectiva -que luego dio lugar a la Casa Feminista de Rosa-, la Pukana: Casa de las Culturas Urbanas. En esas casas se gestaron procesos fundamentales para el movimiento feminista y social. También fueron sostenidas, en parte por la Coalición por la Despenalización del Aborto, que encontró un terreno fértil para pensar, crear y resistir.

De esos espacios nació un frente grande y plural, la coalición por la despenalización del aborto, conformada por: Mujeres de Frente, Flor de Guanto, la Casa Feminista de Rosa, Fundación Desafío, Luna Creciente, Mujeres de El Oro, CEPAM Guayaquil, entre muchas otras. Allí siempre nosotras planteábamos posturas más radicales. No queríamos quedarnos en la demanda de aborto por violación; nuestro horizonte era la eliminación del delito de aborto. Y aunque había matices estratégicos, nunca fueron diferencias irreconciliables, sino formas diversas de empujar el mismo camino.

También formamos parte del Frente Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, junto a organizaciones como Desafío, CEPAM Guayaquil, Salud Mujeres y SENDAS. Todas buscábamos acompañar a las mujeres no solo en torno al aborto, sino en el ejercicio amplio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

7 Los impactos de la información y los rallies de misoprostol

Otra experiencia intensa de esos años fueron los llamados “rallies de misoprostol”. Estos fueron impulsados desde Salud Mujeres, la idea era ir de farmacia en farmacia para comprar el medicamento y mapear dónde estaba disponible, a qué precio y en qué condiciones. En 2008 todavía era accesible; en 2014 la situación cambió: las restricciones aumentaron, apareció un mercado ilegal, los precios se dispararon, en muchos lugares comenzaron a exigir receta y se generaron sobreprecios. Esa consecuencia no la habíamos previsto: la difusión de información generó más demanda y el acceso se volvió más difícil.

También descubrimos una gran confusión social entre legalidad y criminalización. Mucha gente cree que la existencia del delito de aborto evita que las mujeres aborten, pero no es así. Lo único que logra la ilegalidad es que las mujeres terminen presas o corran riesgos por abortar. La gente no está de acuerdo en que las mujeres vayan a la cárcel por aborto, entonces tampoco está de acuerdo en la existencia del delito sino una regulación adecuada, pero la confusión de términos es justo la que permite que la penalización se mantenga.

En medio de este proceso, analizamos las cifras de egresos hospitalarios. Vimos que con el uso del misoprostol, los abortos inseguros con graves complicaciones disminuyeron drásticamente, y las estadísticas comenzaron a cambiar. Los registros ya no hablaban de “abortos no especificados” y pasaron a consignar muchos más “abortos espontáneos”. El medicamento produce síntomas similares, y ninguna mujer que llega a un hospital dirá: “me hice un aborto”. Lo que dicen es: “estoy sangrando qué hago”. Esa es la única forma de protegerse de ser acusadas de un delito.

En este sentido, podemos afirmar que el misoprostol ha mejorado la epidemiología del aborto, y ha reducido riesgos y complicaciones. No obstante, muchas mujeres siguen yendo a hospitales por falta de información sobre cómo funciona el misoprostol después de tener sangrados normales, lo cual muestra la necesidad de seguir difundiendo información para el cuidado de la salud de quienes decidimos tener un aborto en casa.

8 LA ORGANIZACIÓN SURKUNA

9 Investigación sobre criminalización de mujeres por aborto

Entre 2013 y 2014 comenzaron a aparecer más casos de mujeres criminalizadas por aborto. Nosotras decidimos investigar y de ese proceso nació nuestra primera investigación: “Códigos patriarcales construyendo desigualdades”. Allí demostramos, con cifras de Fiscalía y de la Judicatura, que la penalización del aborto afecta de manera desproporcionada a mujeres empobrecidas, jóvenes, racializadas, es decir, a quienes tienen menos acceso a información, recursos y redes de apoyo. Con esos datos buscamos posicionar el tema a nivel internacional, logrando que comités internacionales recomendaran medidas sobre el respeto al secreto profesional y sobre la atención adecuada en los servicios de salud para evitar la criminalización.

En el camino nos encontramos con historias concretas: mujeres perseguidas y judicializadas que no solo necesitaban defensa en casos de aborto, sino que además eran sobrevivientes de violencia sexual, feminicidio u otras formas de violencia de género. Entonces entendimos que no bastaba con la investigación: había que montar una organización que defendiera jurídicamente a estas mujeres y visibilizara la problemática en Ecuador. Así nació Surkuna, con un objetivo triple: investigar y generar propuestas legales, promover un acceso feminista y acompañado al aborto; y defender a mujeres criminalizadas por aborto desde una perspectiva feminista.

En paralelo surgieron otras organizaciones jurídicas de acompañamiento como Idea Dignidad, CEPRODEG y CEPAM-Quito, lo que permitió que nosotras decidiéramos mantener la línea de trabajo en violencia, pero apostar con fuerza al tema de aborto. Desde entonces mantenemos una línea de investigación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, acceso a servicios, barreras legales y criminalización de aborto. Investigaciones como “Nuestros derechos, nuestras voces” con adolescentes, o los informes sobre obstáculos al acceso al aborto legal, han sido parte de nuestro aporte. Desde el inicio caminamos con mucha hermandad junto a las luchas LGBTIQ+, porque creemos que el derecho es una herramienta de transformación social.

10 Dos proyectos políticos: defensa legal en aborto y acompañamiento en aborto y violencia de género

En el 2014 constituimos Surkuna y Las Comadres. Por un lado, asumimos la defensa de mujeres criminalizadas, realizamos litigio estratégico, generamos investigación e incidencia en materia de aborto; por otro, creamos un grupo de acompañamiento feminista al aborto, prevenimos la criminalización y facilitamos el acceso a la medicación. Nos inspiró la experiencia de “Socorristas en red” en Argentina y sentimos que ya no era suficiente brindar información: hacía falta acompañar a las mujeres en sus propios términos, frente a un sistema de salud que seguía criminalizándolas y a la falta de acceso a medicamentos. Así nació Las Comadres, oficialmente en 2014, en 2024 celebramos 10 años de existencia.

Surkuna se ha enfocado en el acompañamiento legal en casos de aborto dentro del sistema de salud público y privado, en litigio internacional, en la investigación y en la construcción de estándares que permitan cambios legales y sociales.

Las Comadres, en cambio, buscan garantizar que el aborto sea un proceso feminista, cuidado y acompañado. Nuestra estrategia pasa de lo impersonal a lo cercano: no se trata solo de dar información, sino de conocer la historia de cada mujer, sus condiciones y necesidades, para que pueda vivir el proceso en sus propios términos. El acompañamiento ayuda a desarmar la culpa, que no nace de la decisión, sino de los discursos sociales que la condenan.

En Surkuna también hemos creado un eje de información sobre aborto para mujeres, personas gestantes, profesionales de salud y quienes enfrentan procesos de criminalización. Junto con ello, otro eje dedicado a la violencia de género: “Juntas nos cuidamos”. Allí tejemos una red de acompañantes que brindan primeros auxilios legales, apoyo en la denuncia y en medidas de protección. Nos vinculamos con organizaciones aliadas para garantizar acompañamiento psicológico y legal, siempre desde una perspectiva feminista, porque sabemos que detrás de cada caso hay cuerpos, vidas y dolores concretos.

Estas son nuestras dos grandes apuestas políticas: luchar porque el acceso a abortos seguros no sea un privilegio y acompañar a las sobrevivientes de violencia. Lo hacemos de manera colectiva, cuidando las vocerías y sosteniendo la fuerza de trabajo en red.

11 Resignificar los imaginarios

Nuestra lucha no es solo legal. Además de la eliminación del delito de aborto y del acceso, también buscamos transformar los imaginarios, narrativas y discursos alrededor del cuerpo como espacio social. Descubrimos la fuerza que tiene contar historias: cuando una mujer habla en primera persona, la gente se activa, se solidariza, y eso resulta vital para las víctimas y sobrevivientes. En un mundo dominado por las redes y la hiperpublicidad, la construcción de imaginarios se vuelve un terreno político.

Cuando preguntamos en talleres o encuentros: “¿Quién conoce a una mujer que haya abortado?”, la mayoría reconoce a alguien cercano: una amiga, una prima, una hermana. Y casi siempre justifican esa decisión. Entonces surge la reflexión: ¿qué hace que comprendas el aborto de tu prima, pero condenes el de Juana o el de Josefa? Por eso insistimos en trabajar el aborto en primera persona, en narrarlo como experiencia vivida, concreta y diversa.

Ya en 2008, desde la CPJ, publicamos “Yo decidí abortar”, un libro con testimonios de mujeres. Luego lanzamos “Lilas locas de colores”, un libro de cuentos sobre feminismo y aborto. Con esas publicaciones buscamos romper con la idea del aborto como tragedia: mostrarlo también como una decisión empoderante, que puede traer alivio, felicidad y fuerza para seguir adelante. Apostamos a que cada mujer pueda tener el mejor aborto posible, ya sea en el sistema público, en el privado o en redes de acompañantes feministas, porque la forma en que se vive esa experiencia marca profundamente cómo se procesa y cómo se recuerda.

También hemos trabajado sobre el estigma y la vergüenza que rodean al aborto. Allí todavía queda mucho por hacer. La criminalización no solo se expresa en los tribunales: basta con ser señalada para que tu vida cambie radicalmente. Conocimos historias de mujeres que debieron dejar la escuela, mudarse de comunidad o romper todos sus vínculos sociales por haber sido acusadas. Esa es otra violencia que buscamos transformar: que ninguna mujer sea perseguida, estigmatizada por ejercer su derecho a decidir.

12 DIVERSAS FORMAS DE HACER INCIDENCIA POLÍTICA

13 Incidencia en el ámbito legislativo y judicial

En Surkuna hemos aprendido que la incidencia tiene muchas caras. Trabajamos en lo legislativo, en el judicial y también frente al Ejecutivo, siempre con la mirada puesta en el aborto, los derechos reproductivos y la lucha contra las violencias.

Entendimos que, aunque políticamente podamos pedirlo todo, en el sistema de justicia es clave que las demandas se sostengan técnicamente. El ejemplo más claro es la figura del feminicidio. Desde lo político queríamos que se reconociera la responsabilidad del Estado en los asesinatos de mujeres, pero penalmente eso generaría mucha impunidad porque probarlo en un juicio es casi imposible. Por eso impulsamos la figura del femicidio, que señala la responsabilidad individual y permite sancionar efectivamente. Lo mismo ocurre con los casos de violación: hay que actuar rápido para recolectar pruebas, pero sin descuidar nunca las necesidades de las víctimas. Nuestras estrategias políticas no deben volverse nuestra propia trampa.

Muchas veces vivimos la tensión entre lo político y lo penal. Por ejemplo, en el ámbito de violencia de género intrafamiliar, desde lo político vemos las estructuras de poder que oprimen a mujeres, niñas y niños y que generan desigualdades de poder; desde lo penal, la ley que tenemos desconoce esto, y plantea que todas las personas de un hogar están en igualdad y por tanto una mujer puede ser procesada por violencia de género contra un hombre desconociendo la existencia del patriarcado como sistema y de estructuras históricas de discriminación. Por eso el derecho tiene que pensarse con rigor técnico, para que las estrategias no se conviertan en obstáculos. Que el tipo penal sea violencia contra la mujer y otros miembros del núcleo familiar, justo potencia y reproduce desigualdades de género e incluso la criminalización de las víctimas, esto es lo que no podemos permitir.

En esa línea trabajamos con estándares internacionales y legislación comparada. Preguntamos: si en Colombia lograron avanzar, ¿qué podemos aprender de su proceso? Ese intercambio nos da argumentos sólidos frente a jueces, fiscales o instituciones.

La incidencia en el Ejecutivo, en cambio, pasa por la política pública: lograr que las leyes no solo existan, sino que se apliquen de manera coherente con la Constitución y con los derechos. El gran problema en Ecuador no es la falta de normas, sino la falta de implementación.

Un ejemplo fue la iniciativa de sociedad civil “Mira que te miro”, donde analizamos cómo se aplicaban las directrices de Montevideo. En el papel todo parecía perfecto: protocolos, leyes, marcos legales. Todo verde. Pero cuando miramos la práctica, encontramos enormes barreras. Esa doble cara nos dio más fuerza para denunciar lo que pasaba en hospitales y ministerios, mostrando pruebas de cómo se negaban procesos y vulneraban derechos.

La incidencia en lo judicial tiene otra lógica. No se trata de sentarse con jueces a convencerlos, sino de diseñar litigios estratégicos que sienten precedentes y abran camino a nuevos derechos. Muchas veces lo que decimos como Surkuna no les interesa, pero cuando mostramos que la Corte Interamericana ha fijado estándares, ahí sí escuchan. Entonces combinamos estrategias: casos nacionales, argumentos internacionales, presión social y política. Así buscamos que cada proceso judicial no quede en una historia aislada, sino que se convierta en una herramienta para avanzar en justicia y en derechos.

14 Trabajo con profesionales de la salud

Nos dimos cuenta de que la mayoría de las mujeres son criminalizadas a partir de lo que ocurre en los servicios de salud. Muchas veces no es por pruebas, sino por prejuicios. Hemos escuchado a profesionales de salud decir: “yo denuncié porque no lloraba”. Como si no llorar fuera sinónimo de haber abortado. También vimos el caso de una trabajadora sexual que fue denunciada solo por serlo. El estigma opera con fuerza: basta que una mujer diga “me dolía, tomé una pastilla” para que de inmediato el médico sospeche de misoprostol y active la denuncia.

La ley también contribuye al estigma y a la criminalización. La existencia del delito de aborto consentido hace que la primera respuesta del personal de salud sea casi siempre un “no”. Ese delito genera miedo: en las mujeres, que desisten o callan, y en los profesionales, que sienten que cualquier acción puede ponerlos en riesgo. En ese miedo aparecen múltiples formas de violencia obstétrica: desde dejar sola a una mujer esperando horas, hasta negarle analgésicos, pincharla varias veces, usar procedimientos dolorosos, violar su confidencialidad, estigmatizarlas o denunciarlas. Al decidir abortar, muchas mujeres no solo enfrentan el riesgo de la criminalización, sino la posibilidad de ser violentadas por quienes deberían cuidarlas.

Por eso uno de nuestros ejes es trabajar con profesionales de salud. Hacemos capacitaciones para que sepan qué es legal y qué no, cómo actuar sin exponerse, cómo proteger a las pacientes y garantizar derechos. Descubrimos que la mayoría no son objetores de conciencia: simplemente tienen miedo de ser estigmatizados como “aborteros”. Al brindarles herramientas legales, muchos se sienten más libres y legitimados para atender.

Otra dificultad es que no se enseña cómo realizar abortos de manera segura, porque está visto como delito. Entonces muchos médicos solo saben hacer legrados y sienten incluso vergüenza. De ahí la importancia de nuestras capacitaciones y asesorías: aborto legal, secreto profesional, consentimiento en niñas, todo lo que permite reducir la criminalización y abrir caminos de acceso.

En el trabajo directo hemos visto también la confusión que existe sobre riesgos. Muchos profesionales creen que, si no denuncian y algo le pasa a la mujer, serán acusados de mala práctica. Pero en la práctica casi nunca enfrentan procesos de ese tipo. Lo que sí ocurre es que la clandestinidad alimenta la idea del aborto como un procedimiento extremadamente peligroso, cuando la Organización Mundial de la Salud señala que es más seguro que un parto si se hace en condiciones adecuadas. El problema es que desde la mirada biomédica se lo presenta como la última opción, un recurso solo para casos graves, y se les quita a las mujeres el poder de decidir.

Hoy, sin embargo, vemos también avances: hay mayor conocimiento sobre las causales legales y más sensibilización en parte del personal de salud. Es un camino lento, pero muestra que trabajar con profesionales de salud es clave para garantizar derechos y reducir el estigma.

15 MATERNIDAD Y ABORTO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

16 Niñas no madres: evitando maternidades forzadas

Participamos en la campaña regional Son Niñas, no madres, que busca ampliar y legitimar el acceso al aborto en todos los casos de niñas, y a través de ellas en todos los casos. Estuvo vinculada al Golpe Regional, un proceso en el que cinco niñas forzadas a la maternidad que denunciaron a sus Estado ante Naciones Unidas: dos de Nicaragua, uno de Guatemala, uno de Ecuador y uno de Perú. El objetivo fue denunciar cómo, pese a existir causales legales de aborto, los Estados niegan sistemáticamente este derecho a las niñas, obligándolas a la maternidad y como a la vez les niegan el acceso a la justicia, siendo la regla la impunidad de sus agresores. La campaña buscó interpelar el imaginario social: lo que significa ser niña y el derecho a crecer y desarrollarse sin ser forzada a la maternidad.

En Ecuador, esta estrategia ha permitido que la causal de salud se aplique de manera más amplia en casos de niñas. Hemos acompañado, junto a otras organizaciones, situaciones como la de una niña de 13 años con un embarazo de 20 semanas, en la que se logró acceso al aborto porque se reconoció el impacto en su salud integral. Este tipo de victorias son logros directos de la campaña Son Niñas, no madres, pero también responde a una historia de lucha de todo el movimiento de mujeres por ampliación del entendimiento de la causal salud.

17 Niñas que son madres: trabajando con niñas que ya son madres

Durante el tiempo de construcción de la campaña nos preguntamos: ¿qué pasa con las niñas que ya han sido forzadas a la maternidad? Una cosa es prevenir nuevas maternidades infantiles, y otra muy distinta es acompañar a las que ya existen. Visibilizar lo que significa que una niña sea madre es apenas el primer paso; el reto es generar conciencia, políticas públicas y cambios legales que garanticen la no repetición y que brinden protección real a ellas y sus hijos/as/es.

Se han logrado pequeños avances, pero en esta lucha siempre tenemos que estar atentas en que no retrocedamos en los logros y esto implica no perder de vista a la acción estatal en el tema. Por ejemplo, la SENESCYT antes permitía que víctimas de violencia accedieran a la universidad mediante un mecanismo especial, sin depender del sorteo general. Ahora solo otorgan puntos adicionales, lo cual disminuye la posibilidad de acceso. Estamos peleando para que se retome el sistema anterior. También hemos impulsado medidas educativas diferenciadas, similares a las que antes solo se aplicaban en casos de discapacidad, para garantizar que niñas víctimas de violencia no pierdan el año escolar y reciban apoyo especial.

Otro desafío es lo que ocurre cuando las niñas cumplen 18 años y deben salir de las casas de acogida. Ahí se abre un vacío enorme: ¿qué pasa con ellas y con sus hijos/es/as si no tienen familia o si su agresor es parte de la misma? Algunas casas fomentan la autonomía —enseñar a coger un bus, conseguir pasantías, alquilar un cuarto—, pero no todas lo hacen. Hemos propuesto que el Estado garantice medidas como cuentas de ahorro alimentadas por el bono de desarrollo humano, de manera que al salir tengan un colchón económico para sobrevivir mientras encuentran trabajo. Hoy, ese bono muchas veces lo cobra el propio agresor, incluso desde la cárcel, por falta de cruce de información o simplemente no se da a las niñas porque el estado dice que al estar en casas de acogida esto sería un doble beneficio, tienen mucha ceguera sobre la situación. Es una revictimización brutal.

Además, enfrentamos situaciones complejas como niñas con discapacidad o con consumo problemático de sustancias, que no son aceptadas en casas de acogida porque no están preparadas para esos casos. ¿Qué pasa con una niña con discapacidad mental severa? ¿Debe permanecer toda su vida en una institución? Hemos mirado experiencias de países como Perú, donde existen departamentos acompañados por trabajadoras sociales para fomentar autonomía en personas sin familias. Quisiéramos algo similar aquí.

Recuerdo un caso especialmente duro: una niña de 12 años embarazada por violación. Su madre, su abuela y sus hermanas tenían distintas discapacidades severas. No era falta de amor ni de voluntad para cuidarla, era incapacidad real. Le retiraron la custodia a la madre, que sufría profundamente por estar lejos de sus hijas. Situaciones así nos interpelan: ¿qué hace el Estado en casos donde la familia quiere cuidar, pero no puede? ¿Qué mecanismos puede garantizar para que esa madre viva con sus hijos/as/es sin ponerlos en riesgo?

Estas experiencias nos muestran que la maternidad forzada en niñas tiene consecuencias de por vida. Aun cuando ellas logran asumir el cuidado de sus hijos, lo viven en una tensión constante: amor profundo mezclado con frustración, dolor y desesperación. Porque ser madre es difícil para cualquier mujer, y lo es aún más cuando eres apenas una niña.

18 NUDOS CRITICOS, RETOS DEL ACTIVISMO

19 Organización interna y el crecimiento abrupto del movimiento feminista

Una de las dificultades más grandes dentro del movimiento ha sido mantener estrategias coordinadas. Esa falta de articulación nos debilita, porque cuando llegamos con dos propuestas diferentes, las autoridades se aprovechan: desde fuera no nos ven sólidas ni fuertes.

Esto tiene varias raíces. Cuando comenzamos a hacer feminismo, casi nadie quería reconocerse como feminista; era una palabra cargada de rechazo. En la universidad, por ejemplo, solo con una amiga nos atrevíamos a decirlo en voz alta. No había teoría feminista en las aulas, tuvimos que pelear para que se incluyera. El acoso en las clases era invisible, algo normalizado que ni siquiera se nombraba. Hoy es distinto: las estudiantes denuncian, se visibiliza, todas quieren nombrarse feministas y eso muestra cuánto ha cambiado el panorama.

Movimientos como la Marea Verde, Vivas Nos Queremos y Ni Una Menos transformaron radicalmente la escena. De un tiempo en que nadie quería ser feminista, pasamos a otro en que todas querían serlo. Eso trajo diversidad de miradas y posiciones, lo cual es una riqueza, porque el feminismo no es una voz única ni autoritaria. Pero también fue desbordante. El mejor ejemplo fue la primera marcha de Vivas Nos Queremos: esperábamos unas decenas de personas, y llegaron siete mil. No sabíamos cómo reaccionar, qué decir, cómo organizarnos frente a algo tan masivo. Para quienes estábamos acostumbradas a movilizaciones de 50 o 100 personas, aquello fue un punto de quiebre.

Disputas por el reconocimiento: las trampas del patriarcado en nuestras propias prácticas

Con el crecimiento del feminismo y su visibilidad política también llegaron tensiones. Lo digo sin rodeos: se volvió un espacio de disputa por reconocimiento, por poder, y eso afectó el tejido colectivo. En lugar de cooperar y distribuir esfuerzos, a veces terminamos compitiendo entre nosotras.

Las lógicas de financiamiento también alimentan esta dinámica. En vez de impulsar proyectos colaborativos, muchas veces nos ponen a concursar entre organizaciones: “compitan a ver quién se gana el proyecto”. Esa dinámica capitalista/patriarcal es corrosiva para el movimiento, porque lo fragmenta y nos coloca en una lógica de rivalidad que no construye.

A esto también se suma la lucha por el reconocimiento y esto complejiza la relación, porque hay unas más visibles que otras y claro que esto puede ser injusto y generar frustración, pero así es este mundo, un mundo de reconocimientos personales. Pero eso se comprende como deslealtad, como robo del trabajo y genera rupturas graves. Es doloroso y hasta personal. Lo mismo pasa con viajes y eso es lo lamentable, y lo que hay que trabajar, pero hay compañeras con las que el diálogo es posible y otras con las que no, que sin siquiera hablar ya te culpabilizan y estigmatizan, entonces se vuelve imposible, incluso si una está abierta a la crítica si la misma no se dice y no se escucha a la otra es imposible la construcción colectiva.

20 Hay diferencias políticas que son insalvables

Con el tiempo entendí, con dolor, que hay diferencias políticas que son imposibles de salvar, y por eso nunca existirá un único movimiento unitario. Hay cosas que para algunas son innegociables y para otras no. Hay debates que, aunque se den con apertura, terminan en callejones sin salida.

En nuestro caso, la defensa legal feminista significa poner a la víctima en el centro. Si tuviéramos el caso más estratégico del mundo —ese que podría abrir la puerta para eliminar el delito del aborto— pero la mujer no quiere seguir adelante, nuestra postura es respetar su decisión. Aunque eso signifique renunciar al “caso de nuestras vidas”. Para otras organizaciones, en cambio, lo estratégico pesa más que la voluntad de la víctima, y allí se producen quiebres.

Otro punto de desencuentro son los mínimos y los máximos. Nosotras creemos en apostar por los máximos. Claro, a veces cedemos, pero nos resulta muy difícil aceptar concesiones que precarizan los derechos. Por eso nos pareció insultante que en un tema tan básico como el aborto por violación se añadieran más trabas y requisitos. Para nosotras era inaceptable, mientras que otros sectores lo vieron como un avance parcial. Esa diferencia marca caminos distintos.

21 Miradas distintas en la arena política: lo individual vs. lo colectivo

Hoy también vivimos tensiones entre lo individual y lo colectivo. Yo me formé en la izquierda, y allí aprendí que la militancia se construye desde lo colectivo, incluso a costa del sacrificio personal. Reconozco que esa visión negaba muchas veces lo individual, y que fue un error. Los feminismos han logrado transformar eso: dejar atrás la idea del sacrificio como destino y abrir espacio al cuidado y al derecho a tener una vida propia.

Sin embargo, ahora se ha ido al otro extremo. Muchas jóvenes no quieren integrarse a colectivos, prefieren militar desde lo individual, sumarse a plataformas sin ceder nada de su autonomía. Y claro, eso genera preguntas: ¿cómo construimos algo común si cada quien quiere mantener intacta su individualidad? Creo que este fenómeno se amplificó con la masificación del feminismo, y todavía estamos aprendiendo a gestionarlo.

En la iniciativa “Aborto Libre” quisimos replicar algo parecido a lo que ocurrió en Argentina: una campaña amplia, que uniera organizaciones y personas de distintas ciudades para exigir la eliminación del delito de aborto y también para cambiar los imaginarios. Decíamos: educación para conocer, anticonceptivos para disfrutar y aborto libre para decidir. Queríamos mostrar el aborto como una opción legítima, más allá de sobrevivir o de no morir.

Pero allí también surgieron tensiones. Había organizaciones y había personas individuales, y entonces ¿cómo se toman las decisiones? ¿Pesa lo mismo la voz de una persona que la de una organización con 60 integrantes? Algunas compañeras decían: “si representas a 60, que vengan las 60”. Este tipo de debates muestran las fricciones entre lógicas diferentes de organización.

Creo que de todos modos hay aprendizajes. En Vivas, por ejemplo, decidimos elegir voceras y capacitarlas, para evitar que todas tuviéramos que exponernos de la misma manera. Antes todo se sacaba con identidades colectivas: Vivas, Surkuna, Comadres. Hoy hay más procesos “auto-convocados”, sin logos ni estructuras, y eso iguala los reconocimientos, aunque también abre interrogantes sobre quién sostiene realmente los procesos.

Mirando experiencias de Colombia, vemos que ellas se articulan en plataformas basadas en principios comunes. Los principios son inamovibles; sobre lo demás, se negocia. Tal vez allí hay una clave para lograr que convivan lo individual y lo colectivo sin romper el tejido.

22 Lógicas políticas diferentes y falta de acuerdos: ¡Terminamos super rotas!

Uno de los nudos críticos más duros que hemos vivido son las divisiones internas. Nos cuesta mucho llegar a acuerdos y, más aún, sostenerlos en el tiempo. El ejemplo más doloroso fue el debate sobre el aborto por violación: terminamos súper rotas, ¡súper rotas!, porque teníamos perspectivas políticas muy distintas.

Para nosotras, aceptar un plazo era una aberración; no podíamos transar con eso. Para otras compañeras, en cambio, era un mal menor, una negociación necesaria. Esa diferencia nos partió. Ahí se cruzan las lógicas de los mínimos y de los máximos: mientras algunas creen que hay que aceptar lo posible, nosotras creemos que hay que exigir lo deseable, aunque cueste. Muchas veces me han interpelado con esa pregunta: “¿por qué sacrificas lo posible por lo deseable?”.

Recuerdo una reunión donde intentamos poner el corazón sobre la mesa y llegar a un acuerdo común: no retroceder, no aceptar plazos ni requisitos, pedirlo todo. Ese fue el compromiso colectivo, y nosotras lo defendimos con fuerza. Pero después, en el escenario político, algunas organizaciones apoyaron el informe de mayoría que sí tenía plazos, y hasta dieron ruedas de prensa a favor. Nosotras dijimos “ni muertas”. Ahí sentimos una traición. Supongo que desde su lado tendrán otra narrativa: quizás dirán que intentaron hablar o que simplemente no pudieron sostener esa postura. Al final, fueron incomunicaciones. No es que unas seamos las buenas y otras las malas, sino que pensamos distinto, y eso duele.

A todo esto, se suman los afectos: somos personas, nos enojamos, nos herimos. Si me peleo contigo y ya no quiero verte, eso también tiene consecuencias políticas. El feminismo a veces nos desborda, porque es demasiado importante en nuestras vidas, y el mismo sistema refuerza la competencia y nos quita la posibilidad de cooperar.

23 Faltan espacios de reflexión política: estamos siempre corriendo

Otro gran problema es que nos faltan espacios de reflexión política. La vida en el activismo es una aplanadora: siempre estamos corriendo. Eso hace que no tengamos tiempo real para detenernos, pensar juntas y procesar nuestras diferencias. Podemos no estar de acuerdo, pero al menos deberíamos poder comprendernos.

El último encuentro nacional del movimiento fue en 2014. Desde entonces no hemos logrado articular espacios amplios de debate feminista como los que hacen, por ejemplo, las compañeras argentinas. Intentamos uno virtual, pero no es lo mismo. Lo ideal sería encontrarnos, vernos, escucharnos en grande.

Además, el activismo feminista nunca se limita a un solo tema. No es lo único que hacemos. Muchas de nosotras también estamos en redes más amplias de derechos humanos. Por ejemplo, soy parte de la Alianza por los Derechos Humanos, que nació en el paro de 2019 y que reúne a 18 organizaciones. Si bien Surkuna no trabaja cárceles, cuando las compañeras de Mujeres de Frente necesitan apoyo jurídico, vamos. Si no trabajamos extractivismo directamente, igual ponemos un amicus sobre consulta previa, libre e informada. Esa solidaridad nos obliga a multiplicarnos.

Y aunque a veces pesa, también es lo que nos fortalece. En la lucha por aborto por violación logramos reunir más de 70 amicus. ¿Quiénes nos apoyaron? Justamente esas organizaciones hermanas. Por eso, cuando ellas nos piden respaldo, también estamos. Es una red que se sostiene en la reciprocidad, pero también nos exige mucho más de lo que podemos dar.

24 Activismos voluntarios y precarización de la vida

Aunque somos muchas, la implicación en el activismo no es igual para todas. Hay diferentes niveles de compromiso y responsabilidades, y lo cierto es que, frente a la magnitud de tareas que sostenemos, a veces sentimos que somos pocas. La mayoría de las feministas son activistas voluntarias, lo que implica que el tiempo que podemos dedicar depende de nuestras condiciones de vida. Si trabajas toda la mañana y solo tienes unas horas en la tarde, tu nivel de participación está marcado por esas limitaciones. Las que trabajamos en esto estamos desbordadas también trabajamos 15 o 18 horas diarias es una locura, y claro cargamos con más exigencias porque somos quienes reciben un salario por trabajar nuestros temas de militancia.

La precarización de la vida atraviesa directamente el activismo. Cuanto más difícil es la sobrevivencia, menos espacio queda para lo colectivo. Las mujeres madres lo viven de manera aún más intensa: no es solo ganarse el sustento, sino también conseguir con quién dejar a los guaguas, sostener redes, estirar recursos. Yo misma, que tengo una red familiar fuerte y solo un hijo, a veces me veo sobrepasada. Imagínate lo que significa para una mujer con cinco hijos.

25 Los grupos antiderechos como Goliats

En medio de esta precariedad, tenemos que enfrentarnos a los grupos anti derechos, que son verdaderos Goliats en la política, tienen muchísimo dinero y recursos. Hemos aprendido que sus estrategias no siempre son directas: muchas veces incluyen referencias al “no nacido” en leyes económicas o tributarias. Por eso hacemos un monitoreo legal constante, anticipándonos a los riesgos y generando aportes técnicos junto a colectivos y equipos de trabajo.

La desigualdad de fuerzas es abismal. Ellos cuentan con recursos millonarios, legitimidad y una larga trayectoria de poder político. Es una paradoja dolorosa: en Chile, por ejemplo, los que defendían “la vida” eran los mismos que apoyaban a la dictadura que mataba y desaparecía personas. Aquí también lo hemos visto: el poder de la Conferencia Episcopal es tan fuerte que incluso, dos años después de la sentencia sobre aborto, llegaron a excomulgar a los jueces de la Corte.

Además del poder económico y político, tienen la hegemonía de lo moral y lo espiritual. Ese es un terreno donde nosotras no siempre hemos sabido disputar. Como feministas solemos ser ateas, agnósticas o tener espiritualidades distintas, pero a veces olvidamos lo importante que son la fe y la esperanza en sociedades tan golpeadas. América Latina nunca será completamente atea: somos pachamameros, hacemos limpias, buscamos a la chamana, rezamos o agradecemos a la vida de distintas maneras. Eso también es parte de nuestra cultura.

Hoy vivimos una fuerte arremetida conservadora: lo vemos en los gobiernos de Italia, España, Argentina, Chile o incluso en Ecuador, con una vicepresidenta que llegó al poder a pesar de sus discursos contra los derechos. Es un avance que combina desigualdad política, económica y también legitimidad moral. Por eso creemos que nos falta fortalecer ese frente: decirle a la gente que se puede ser feminista y creer en Dios, que se puede ser feminista y ser guapa, que la libertad también incluye vivir la espiritualidad propia sin culpas ni prohibiciones.

26 Nuevos escenarios de la militancia

En enero de 2024 construimos una nueva plataforma llamada Justa Libertad, con el objetivo de eliminar el delito de aborto desde un movimiento nacional. Participan compañeras de distintos territorios, con decisiones conjuntas, pero también autonomía en cada territorio. Desde esta plataforma presentamos una demanda para la eliminación del delito, dos alcances, solicitamos amicus curiae, además de organizar un seminario internacional en la Universidad Central, un concierto y una marcha. Todo esto en medio de un contexto que parecía de apocalipsis nacional, con incendios y cortes de luz. Aun así, en la marcha salimos entre 500 y 600 personas.

Pero también enfrentamos un escenario de mayor criminalización y riesgo para la vida de activistas. Hay amenazas, asesinatos ligados a intereses empresariales, violencias invisibles en territorios fronterizos como Lago Agrio o Esmeraldas: femicidios, transfemicidios, prácticas de limpieza social que muchas veces ni llegan a ser noticia en la ciudad. Solo por existir ya se vive en riesgo.

La Corte, en lo social, ha avanzado en derechos de mujeres, migrantes, eutanasia o aborto, pero en lo económico cede a los grandes poderes. Termina validando medidas inconstitucionales, como el Acuerdo Ministerial 754, que habilita represiones y consultas manipuladas, y está vigente, aún siendo inconstitucional. Esto nos deja con menos herramientas legales frente a un poder económico descomunal.

27 EL ROL DE LA ACADEMIA: MANTENER O TRANSFORMAR

28 Hay muchas formas de academia, así como hay muchas formas de feminismos

Sé que hay muchas formas de academia, así como hay muchas formas de feminismos. Para mí, la academia puede transformar o mantener lo establecido. Su fuerza está en mostrar lo que no se ve, en ayudarnos a mirar más allá de lo evidente, como aquella “espada del augurio” de la serie Thundercats. Cuando la investigación se hace con metodologías críticas, puede abrir grietas en lo que creemos natural y poner sobre la mesa lo que incomoda.

Creo en una academia que dialoga con los movimientos sociales y con la vida, que se acerca al activismo cuando hace falta, que hace investigación acción participante y que nunca se disfraza de neutralidad. La objetividad absoluta no existe: lo que pienso, lo que siento, atraviesa cualquier investigación, incluso la más cuantitativa. Y está bien que sea así.

He visto cómo la academia da aval y lo que eso implica. Yo investigué la criminalización de mujeres desde 2014, y seis años después de que Human Right Watch publicara sobre el mismo tema: el impacto fue otro, más fuerte, porque tenía el aval académico. Esa desigualdad me hace preguntarme qué academia quiero construir.

Me incomodan las prácticas extractivistas, donde se escribe desde sueldos privilegiados y se descalifica a otros espacios de producción de saber. Prefiero una academia que se piense desde lo colectivo, desde la crítica a los privilegios propios, desde un Sur que busca la transformación y no el dogma. Porque, así como hay muchas formas de feminismos, hay muchas formas de academia: unas sostienen el poder y otras lo interpelan.

29 La violencia académica deslegitima otros saberes

Hoy vivimos una época de reacción fuerte. El avance en derechos despierta resistencias de quienes pierden privilegios. Los hombres, sin importar ideologías, se alían para empujarnos de vuelta a lugares de sumisión. Y las universidades son otro campo de disputa.

La violencia académica busca deslegitimar saberes feministas y de género. Lo vimos en un juicio cuando un juez preguntó a una perita si su análisis era “ciencia o ideología de género”. Esa es la estrategia: poner en duda la validez de nuestros saberes. Lo mismo en denuncias de acoso, como las que involucraron a Boaventura de Sousa Santos: las respuestas tibias de sectores académicos aliados muestran cómo se protege el estatus quo.

En Ecuador, cuando compañeras denunciaron violencia en la Universidad Andina, fueron acusadas de “correístas”. Ese es el mecanismo: linchar a quien denuncia en lugar de escuchar. La academia, que debería ser crítica, termina reproduciendo lógicas de disciplinamiento.

Por eso hay tanta resistencia a los estudios de género, trans o LGBTI: porque incomodan, mueven estructuras. En este contexto ultraconservador, esas resistencias no son casualidad. Se busca normalizar discursos de odio y estrategias antiéticas. Y eso impacta en los niños y niñas que crecen en este ambiente, asimilando el ataque como un lenguaje común.