1 Contexto: aborto, derechos y activismos en América Latina

Entre 8% y 11% de las muertes maternas en el mundo se atribuyen a abortos inseguros, afectando de forma desproporcionada a quienes viven en contextos donde el aborto permanece criminalizado [3]. Lejos de reducir su incidencia, la penalización no disminuye el número de abortos; por el contrario, en países con restricciones severas, la proporción de embarazos no deseados que termina en aborto aumentó del 36% (1990–1994) al 50% (2015–2019) [4]. Las leyes restrictivas incrementan el número de abortos inseguros [5] y amplían brechas de desigualdad entre quienes pueden pagar procedimientos seguros o viajar a países donde el aborto no es delito, y quienes se ven forzadas a recurrir a métodos peligrosos [4,5].

La criminalización del aborto es una violación de derechos humanos estrechamente vinculada a la violencia basada en género. La maternidad forzada derivada de la falta de acceso a abortos seguros es una forma de violencia; y en países donde ni siquiera las víctimas de violación pueden interrumpir legalmente un embarazo, esto supone una clara revictimización. En el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto se entrelaza con la accesibilidad a anticonceptivos, los embarazos adolescentes, la infertilidad secundaria, la salud materna y la educación sexual. El acceso al aborto seguro es parte indispensable de la atención esencial en salud sexual y reproductiva [5].

En América Latina y el Caribe (ALC), la tasa de embarazos no intencionados asciende a 69 por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años, y la tasa de aborto a 32 por cada 1000 [6]. Estas cifras coexisten con algunas de las legislaciones más restrictivas del mundo. Cuatro países mantienen prohibiciones totales del aborto (El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) y existen mujeres encarceladas por sospecha o acusación de abortos ilegales [6,7]. En otros 24 países de la región, el aborto es legal solo en circunstancias muy limitadas.

En este panorama, Ecuador y Bolivia representan dos ejemplos relevantes. Hasta 2021, Ecuador permitía el aborto únicamente por riesgo para la vida o la salud de la mujer o en caso de violación de una mujer con discapacidad mental. Ese año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. En Bolivia, la Sentencia Constitución Plurinacional 0206/2014 (SCP 0206/2014) es el mayor avance legal para el acceso al derecho al aborto en el país, facilitado el acceso a una interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto o amenaza para la vida o salud de la mujer; además de suprimir barreras procesales como la autorización judicial y el inicio de un proceso penal perjudicial para las mujeres.

En América Latina, solo cinco países han legalizado el aborto a solicitud: Argentina, Cuba, Guyana, Uruguay y algunos estados de México, a los que se sumó Colombia en 2022. Sin embargo, incluso donde el aborto no es delito, el acceso efectivo enfrenta obstáculos como el estigma, la objeción de conciencia, los costos y la insuficiente oferta en servicios públicos [3,5]. Este escenario se inscribe en un retroceso global más amplio y reciente, visible en Estados Unidos y en países de la Unión Europea como Malta, Polonia y Hungría.

Aun así, no todo es desalentador. La región ha registrado avances decisivos: Argentina (2021) y Colombia (2022) legalizaron el aborto a solicitud tras décadas de movilización feminista; Ecuador amplió derechos en casos de violación. Estos logros son el resultado de luchas sostenidas, no de procesos espontáneos. En este contexto, la defensa del derecho al aborto puede entenderse como un “feminismo de alto riesgo” [7]. Activistas y académicas enfrentan censura, hostilidad política, campañas de difamación e incluso exilio; pese a ello, el movimiento feminista en la región sigue dinámico, diverso y resiliente, impulsando reformas en derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia de género y despenalización del aborto, con la mira puesta en la igualdad de acceso a servicios seguros [8].

La amplitud del movimiento implica diversidad de estrategias. Para algunas organizaciones, la reforma legal es central; para otras, es periférica o se contempla con cautela frente a la influencia de agencias internacionales y la eficacia limitada de las vías judiciales. Hay colectivos que apuestan por el cambio normativo, y otros que priorizan prácticas de acceso bajo marcos restrictivos: redes anónimas de profesionales de salud, líneas telefónicas que brindan información sobre aborto con medicamentos, acompañamientos feministas, entre otras. Esta pluralidad generacional y organizativa se expresa en múltiples formas de acción: protestas, movilizaciones, litigio estratégico, trabajo comunitario, incidencia política, alianzas institucionales o, en algunos casos, la decisión de no colocar el aborto en el centro de la agenda.

En Ecuador, el apoyo feminista al acceso al aborto se fortaleció con la Línea “Salud Mujeres”, lanzada en 2008 por la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, la primera de su tipo en el mundo [9]. Tres años después, y pese a la persecución de la Fiscalía, más de 7.000 mujeres se habían puesto en contacto con la línea. Importa destacar que, a inicios de milenio, Ecuador ya contaba con servicios de aborto seguro y clandestino desde una perspectiva feminista, de derechos y sin fines de lucro [10]. Como resultado de ese trabajo, en 2015 nació Las Comadres como colectivo que implementa en Ecuador una estrategia de apoyo al aborto con medicamentos mediante acompañamiento feminista [11].

En Bolivia, diversos colectivos feministas por el acceso al aborto se articulan en espacios como la Campaña 28 de Septiembre u otros. Asimismo, diversas activistas por los derechos sexuales, incluidas médicas y enfermeras, promovieron la introducción del aborto con medicamentos mediante el uso del misoprostol. Desde 2000 hasta hoy, ha sido una práctica “clandestina”: aunque el misoprostol es de acceso público para tratar hemorragias en el primer trimestre, su uso y distribución con fines de aborto está prohibido. Grupos feministas y activistas siguen buscando vías para proveer las pastillas y/o acompañar a las mujeres durante su uso.

Las narrativas que se presentan en este número especial se sitúan precisamente en ese entramado complejo y vibrante, centrando la mirada en Ecuador y Bolivia, y en cómo distintos activismos feministas disputan, transforman y reconfiguran el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en la región.

2 Enfoque teórico y metodología: las producciones narrativas

La investigación donde se gestaron las narrativas que se presentan en este número especial se enmarca en la perspectiva del conocimiento situado [1], que asume la parcialidad y la encarnación del saber, y propone una mirada por difracción que no busca representación mimética, sino generación de nuevas relaciones de sentido [2]. La metodología de las Producciones Narrativas (PN) se basa en la noción de la generación de un conocimiento compartido que emerge en la conexión entre quien investiga y quien participa de la investigación [12-14]. Esta aproximación toma distancia crítica de la retórica de «dar voz» a las participantes, pues dicha pretensión asume una posición de poder sobre un sujeto pasivo; por el contrario, y siguiendo la crítica descolonial a la representación académica [15], el objetivo no fue hablar por las participantes, sino hablar con las participantes. Se apostó así por una lógica de difracción, comprendiendo que el propio dispositivo de investigación interfiere en la realidad y produce nuevos patrones para entender el fenómeno [16].

Para materializar esta postura metodológica, el procedimiento se desplegó mediante un ciclo de textualización y negociación de significados. El proceso inició con encuentros conversacionales grabados que giraron en torno a la caracterización de sus organizaciones, las estrategias de incidencia política y los desafíos futuros. El tratamiento de este material rompió con la transcripción literal; siguiendo los presupuestos metodológicos del enfoque, el equipo investigador transformó la oralidad en una narrativa escrita coherente, interpretando activamente los argumentos y tramas. El borrador resultante fue devuelto a cada participante, inaugurando lo que se conoce como el «bucle» de corrección y edición. En esta fase, ellas intervinieron con plena autoridad para matizar, corregir o eliminar pasajes, transformando el documento en un ejercicio de co-escritura. La versión final solo se alcanzó cuando la participante validó que el texto expresaba fielmente el sentido político de su experiencia, convirtiendo así los relatos en aportes teóricos encarnados donde se les reconoce como autoras [17]. De este modo las participantes tuvieron agencia sobre el material a lo largo del proceso. Es por ello que se las considera autoras del escrito. Desde el plano analítico, los textos se abordaron como aportes teóricos, reconociendo a las participantes como autoras de saber.

Tras finalizar el proceso de producción de las narrativas, realizamos un taller conjunto con todas las autoras para entregar la versión consolidada, intercambiar experiencias y discutir las posibilidades de publicación colectiva. En este espacio, nueve expresaron su interés en publicarlas colectivamente en esta revista, especificaron cómo deseaban ser nombradas y solicitaron realizar una última revisión antes de definir el formato final de las narrativas que se presentan en este número especial.

3 Participantes y ética

Se realizaron once narrativas entre 2023 y 2025; algunas de carácter grupal y otras individual. El criterio de selección de las participantes fue su activismo feminista vinculado al aborto y la pertenencia a organizaciones o colectivos en Ecuador o Bolivia. La caracterización básica se resume en la Tabla 1. Dos de las participantes no consintieron que su narrativa se publicara colectivamente, por lo que este número especial recoge solo nueve de estas narrativas.

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad San Francisco de Quito para el proceso realizado en Ecuador (código 2023-115IN) y por un comité ad hoc en Bolivia. Las participantes firmaron un consentimiento informado antes de la narrativa y un documento adicional posterior a la devolución para confirmar el tratamiento deseado en las publicaciones.

Las narrativas se crean en la conversación entre investigadoras y participantes/autoras. En este sentido es también importante posicionar a las investigadoras que participamos en las producciones narrativas. En Ecuador, Paz Guarderas (psicóloga social feminista que ha utilizado la metodología Producciones Narrativas desde larga data en investigaciones sobre violencia de género, acoso sexual e intervención psicosocial) y Erika Arteaga Cruz (médica feminista y militante del movimiento de mujeres, parte del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas), e Isabel Goicolea (investigadora feminista en el área de la salud pública crítica radicada en Suecia y con lazos en el Ecuador). En Bolivia, Cecilia Terrazas (Comunicadora social, feminista, que trabaja sobre la producción y análisis de la situación de los derechos de las mujeres), Maria Dolores Castro y Fernanda Wanderley, investigadoras y feministas radicadas en Bolivia. Dentro del equipo estaba también Hanna Bäkström, investigadora feminista radicada en Suecia.

4 Introducción a las narrativas

Lo que sigue son las nueve narrativas aprobadas por las autoras para su publicación colectiva. En lugar de organizar las narrativas por país, optamos por agruparlas según la modalidad de activismo más central en cada relato. Esta forma de clasificación es parcial y situada; otras lectoras podrían agrupar las narrativas de otro modo.

Comenzamos con las narrativas de María Isabel Cordero (SENDAS, Ecuador) [18], Alexia Escobar (Campaña 28 de Septiembre, Bolivia) [19] y Ana María Kudelka y Paula Estensoro (Católicas por el Derecho a Decidir, Bolivia) [20], todas ellas profesionales que trabajan el tema del aborto desde la medicina, la salud, las ciencias sociales y la espiritualidad. En sus relatos aparecen los encuentros y desencuentros del movimiento; su activismo de larga data permite narrar la evolución del campo, de cuando eran “cuatro gatas” en las marchas, al momento de las movilizaciones multitudinarias, los cambios generacionales y las fricciones entre el litigio y reforma legal y el activismo disruptivo de las nuevas generaciones. Resulta especialmente relevante la crítica de Cordero [18], situada en Cuenca, sobre el centralismo de las capitales (Quito) y las dificultades de acceso en provincias y zonas rurales; en esta línea también reflexionan Kudelka y Estensoro [20] de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, a partir de su trabajo en comunidades rurales.

El segundo bloque incluye a Ana Vera (Surkuna, Ecuador) [21] y Andrea Terceros (Warmis en Resistencia y Vecinas feministas, Bolivia) [22], ambas más jóvenes, insertas en colectivas nacionales y con fuertes conexiones internacionales. Vera describe cambios y fricciones, la evolución de organizaciones nacionales, los conflictos con actores antiderechos y la paradoja de la visibilidad (crucial para garantizar acceso, pero que abre puertas a censura, controles y riesgos). Ambas se mueven con solvencia en espacios transnacionales, combinando litigio estratégico y coaliciones para la incidencia.

Luego presentamos a Lupe Pérez y Carmen Sanabria del Colectivo Rebeldía [23]. Ellas discuten la necesidad de articular la lucha por el aborto con las luchas de clase, y ofrecen una crítica a las soluciones individualistas y al feminismo liberal.

A continuación, Bruja Rebelde (Bolivia) [24] y Beatriz (Ecuador) [25], relatan prácticas de acompañamiento: la primera como acompañante de abortos (“abortera”, en sus palabras), y la segunda en acompañamiento legal en casos de violencia sexual, interrupción legal del embarazo, o defensa de mujeres criminalizadas por abortar. Comparten un enfoque interseccional y de feminismo comunitario, donde clase y racialización son claves para comprender las limitaciones de acceso al aborto. Subrayan que el acompañamiento se encarna en sus vidas: es una necesidad y un compromiso ético-político, sin romantización: su activismo quita sueño y tiempo familiar, compromete el progreso económico, pero es algo que no pueden dejar de hacer.

Finalmente, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente [26], en Ecuador ofrece una narrativa colectiva que recoge la diversidad de voces desde los distintos territorios indígenas, campesinos y de sectores populares: la capital, el sur urbano, comunidades andinas y amazónicas, y mujeres negras. Para Luna Creciente, la lucha por el aborto no puede separarse de otras luchas y soberanías: por la tierra, por los derechos, por la vida. Aquí el feminismo se entrelaza con las reivindicaciones de los movimientos indígenas y campesinos, y se comparten encuentros y desencuentros con esos movimientos y con otros feminismos, desde una mirada crítica, cuidadosa y solidaria.

Todas las narrativas comienzan con una breve introducción elaborada por la investigadora que participó en cada una de ellas. Este breve preámbulo permite situar el texto, tanto en el espacio físico como en el contexto emocional en el que la narrativa fue producida.

5 A modo de cierre…

Este número especial no busca cerrar un debate ni aspira a una síntesis imposible. Muy por el contrario; esta compilación nace con la intención de difractar, no de unificar; de multiplicar las miradas, no de reducirlas; de mostrar la complejidad, no de suavizarla. El activismo por el aborto seguro, gratuito y libre en Bolivia y Ecuador nunca ha sido lineal ni homogéneo. Cada narrativa que aquí se presenta, con sus estrategias, sus genealogías, sus heridas, sus victorias, sus estilos y sus tonos, confirma esa diversidad radical que constituye al movimiento.

Las voces que reunimos no coinciden siempre entre sí, y esa es precisamente su potencia. Algunas se sitúan en la calle, otras en las instituciones; unas hablan desde el acompañamiento feminista, otras desde litigios estratégicos, otras desde la incidencia pública de largo aliento. Hay relatos profundamente personales y otros que analizan estructuras y sistemas; testimonios que se expresan desde el cuerpo y otros desde la palabra política. Todas, sin embargo, encuentran puntos de articulación, incluso cuando reivindican las diferencias y fricciones que históricamente han marcado al movimiento.

Conservar estas divergencias, hacerlas visibles, nombrarlas, celebrarlas, es parte esencial de este número especial. Porque la historia no se construye solo desde los acuerdos, sino también desde los conflictos, las tensiones y las preguntas abiertas. La metodología de producciones narrativas nos permitió justamente eso: registrar el movimiento sin pedirle que se vuelva unívoco, seguir la textura de cada experiencia sin aplastarla para encajarla en un molde analítico. Escuchar, acompañar, dejar que las voces se desplieguen. Esa ha sido la apuesta.

También este número especial es un recordatorio del lugar potente, valiente, enorme y creativo de las variadas organizaciones feministas que también hacen investigación, profundamente mayor al rol lateral de la academia. Si algo hemos aprendido en este proceso es que la academia puede, y debe, apoyar, compartir, aprender y contribuir, pero siempre cuidando que su voz no opaque las luchas que documenta ni ocupe espacios que no le corresponden. El activismo vive, mueve, crea, sostiene y transforma. La academia acompaña; no dirige y debe seguir trabajando su humildad

Mirar hacia adelante exige reconocer que el contexto ha cambiado, y no a mejor. En la región, gobiernos menos progresistas se han instalado en los últimos años, tanto en Ecuador como en Bolivia, y también en otros países que históricamente habían sido aliados importantes, como Suecia. Sus efectos sobre los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto, son inciertos, pero es difícil imaginar que sean favorables. El norte global también atraviesa un ciclo de recortes en la cooperación internacional y en el financiamiento de la investigación, especialmente en agendas feministas, de salud sexual y reproductiva y de derechos humanos. Esa contracción repercute directamente reduciendo las posibilidades de sostener procesos de largo plazo.

Aun así, o quizás por eso, las colectivas siguen cansadas pero vivas. Los modelos de acompañamiento feminista al aborto continúan fortalecidos, las redes se expanden, las marchas no cesan, las jóvenes se movilizan, los pañuelos siguen alzados en plazas y mercados, en buses y universidades. La creatividad política permanece intacta. Las mujeres y personas gestantes siguen abortando juntas, acompañadas, con información y con dignidad. Y ahí, en esa práctica cotidiana, insistente y organizada, está también el futuro.

Este número especial es, entonces, más que una compilación: es un reconocimiento. Un gesto para honrar la lucha de las compañeras que compartieron sus historias y de tantas otras organizaciones y colectivas que no aparecen en estas páginas pero que sostienen, día tras día, la posibilidad de decidir.

Es también una invitación a buscar nuevas formas de articulación, conscientes de que ninguna apuesta será suficiente por sí sola: ni la calle sin la incidencia, ni la incidencia sin el acompañamiento, ni el litigio sin el tejido social. La fuerza del movimiento siempre ha estado en su pluralidad. El desafío ahora es que esa pluralidad encuentre, una y otra vez, modos de caminar junta.

El futuro no está escrito, pero sí está poblado de memoria. Y esa memoria que este número especial intenta custodiar y compartir; es la que nos permite seguir imaginando y construyendo un mundo donde decidir no sea una excepción, ni una lucha permanente, ni un privilegio, sino un derecho pleno.

Y, finalmente, este número especial reconoce algo que atraviesa todas las narrativas: la lucha por decidir sobre nuestros cuerpos no puede separarse de otras luchas ni se su contenido político. No existe justicia reproductiva sin territorio, sin tierra, sin agua, sin comunidad, sin justicia climática, sin la defensa de la vida digna en todas sus formas. La libertad para abortar es inseparable de la libertad de vivir en un mundo donde la naturaleza no sea devastada, donde los pueblos no sean desplazados y donde la vida sea respetada.

ORCIDs

Referencias

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